POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
La República Argentina fue un país que nació bajo el signo dominante de una oligarquía terrateniente y así se mantuvo por más de un siglo. Desde Mayo de 1810 cuando se desplazó al virrey español aprovechando la coyuntura internacional (Napoleón había invadido a España), primó el juego de los intereses comerciales y su correlato con la posesión de la tierra.
Esa forma de la riqueza de estas pampas fue custodiada por la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército argentino cuyos generalatos estaban ocupados por hombres con apellidos tradicionales.
Seguramente allí podemos hallar una de las explicaciones por las que Buenos Aires odiaba tanto a Martín Miguel de Güemes, porque había llegado al poder con base popular y ejecutado reformas sociales y políticas que le costaron la vida. ¿Quién asesinó a Güemes?: la clase “principal” del norte.
El 31 de octubre de 1865 se sancionó el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, redactado por Valentín Alsina, que regulaba la “vagancia” (Ese mismo concepto sería plasmado en Salta en el Código Contravencional para punir al “vago y malentretenido”), una tipificación abierta y subjetiva que apuntaba al control social.
En el caso del hombre de campo, todo el que que no pudiera demostrar ocupación estable o no estuviera «conchabado» (empleado por un patrón) podía ser considerado vago. El gaucho debía portar una papeleta o documento que acreditara su relación laboral y la policía rural podía detener a quien careciera de ella, y las sanciones incluían el envío al servicio militar o la obligación de trabajar.
El gaucho libre pasaba a ser sospechoso por el solo hecho de no depender de un patrón. Era, en la práctica, una forma de coacción laboral que recordaba mecanismos coloniales, aunque bajo el lenguaje del Estado liberal. Como se ve, en el fondo, este neoliberalismo sigue haciendo lo mismo.
Las elecciones de los gobiernos eran una parodia; el patrón reunía a la peonada y los llevaba “a votar”, entregaba a la mesa electoral todas las libretas de enrolamiento, diciendo: “Todos estos votan por fulano”. Luego, un asado rubricaba la “elección”.
En ese contexto se produce la Revolución del Parque, en 1890, que origen a la Unión Cívica Radical, conquistando posteriormente, en 1912, la “Ley Sáenz Peña”, que consagraba el sufragio “universal, secreto y obligatorio”. Era un gran avance aunque no era universal porque las mujeres no podían votar.
Pero el primer gobierno de Don Hipólito Yrigoyen, vino a poner coto por primera vez a los excesos de las clases dominantes promoviendo por primera vez desde la presidencia los derechos sociales postergados desde 1813, cuando la Asamblea decretó aquel año los primeros “derechos humanos”, diríamos en lenguaje moderno.
Posteriormente, desde 1946, Juan Domingo Perón, le daría forma institucional y ampliaría el plexo de esos derechos sociales utilizando el término “justicia social”. El peronismo resultó en definitiva la coronación de esfuerzos y de ideales ya planteados por el radicalismo y otras fuerzas políticas como el socialismo desde 1916.
En ambos casos, como sabemos, esos gobiernos fueron derrocados por las corporaciones fundantes de 1810.
Ahora, en plena era de la Cuarta Revolución Industrial, en la Argentina, paradójicamente, se quiere volver a los tiempos del Código Rural de Alsina, reduciendo al trabajador a un número y al ciudadano a una estadística. Las políticas actuales están destruyendo a la clase media y a la justicia social.
Se equivocan los libertarios cuando afirman que la justicia social es un robo porque alguien debe pagar para que otro reciba gratuitamente. Eso fue el error procedimental del peronismo. La justicia social tiene una profunda base de sustento cristiana. De hecho, la política social de la Iglesia Católica, desde la Rerum Novarum de León XIII, hasta Magnifica Humanitas de León XIV, se asienta sobre la defensa de los irrestrictos derechos sociales.
Justicia social no es reparto gratuito de cosas y subsidio, sino igualdad de acceso a las oportunidades de trabajo y de superación intelectual que permitieron que el hijo del peón rural terminara siendo ingeniero o abogado, por ejemplo.
El problema de esta política actual es la deshumanización de los que gobiernan que pretenden reducir al individuo a un engranaje del sistema sin advertir que por ese camino el final sólo puede resultar en el caos social, sencillamente, porque van contra la naturaleza de las cosas.
La verdadera República no es la que garantiza privilegios hereditarios, sino la que permite que el destino de un hombre dependa más de su esfuerzo y de su talento que del apellido que heredó.
Defender la justicia social es defender la movilidad social: el derecho de cada argentino a nacer en un lugar y no quedar condenado a morir en él. Porque una nación no se mide por la fortuna de sus patrones, sino por la posibilidad de que el hijo del peón llegue más lejos que su padre sin dejar de ser digno en el camino.
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