POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
Si algo nos faltaba ver en materia de política exterior, acaba de suceder. En una decisión de extraordinaria gravedad diplomática, el miércoles 11 de noviembre de 2026, el Gobierno de Irán declaró oficialmente a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como «organizaciones terroristas». La información fue confirmada por las agencias Reuters y AFP, y comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.
¿Por qué tomó Teherán semejante decisión? La explicación tiene tres elementos fundamentales.
En primer lugar, la decisión del Gobierno de Javier Milei, anunciada el 31 de marzo y formalizada el 6 de abril, de declarar organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, invocando sus vínculos con Hezbolá y los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
En segundo lugar, la represalia iraní se fundamenta en una ley de 2019 que invoca el principio de reciprocidad. Conviene detenernos en este detalle jurídico y diplomático, porque Irán no improvisó su respuesta.
En abril de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. En respuesta, el Parlamento de Teherán aprobó una legislación que contempla medidas equivalentes contra aquellos países que acompañen o respalden esa decisión estadounidense.
Es decir, Irán utilizó una disposición de su legislación interna para responder a una decisión soberana del Estado argentino. Naturalmente, esa calificación no obliga a la comunidad internacional a reconocer como terroristas a nuestras instituciones militares.
En tercer lugar, aparece una advertencia inquietante: la Cancillería iraní sostuvo que el Gobierno argentino sería responsable de las consecuencias derivadas de esta confrontación diplomática, aunque no precisó cuáles podrían ser.
¿Qué consecuencias concretas tiene?
Conviene separar el impacto diplomático del militar. La declaración iraní no significa que Teherán haya declarado la guerra a la Argentina. Tampoco existen, hasta ahora, elementos que permitan afirmar que se producirán operaciones militares contra nuestro país. Pero sería imprudente minimizar el episodio.
La Argentina tiene razones históricas y judiciales para exigir explicaciones y justicia por los atentados terroristas que sufrió durante la década de 1990. Ese reclamo no puede ni debe confundirse con las preferencias personales de ningún gobernante.
Sin embargo, también corresponde preguntarnos qué consecuencias puede tener el alineamiento político del presidente Milei con Estados Unidos e Israel, particularmente después de haberse definido públicamente como enemigo de Irán y de haber expresado su identificación con uno de los bandos del conflicto de Medio Oriente.
Porque aquí aparece una cuestión que excede las simpatías ideológicas: ¿hasta qué punto una convicción personal del presidente de la Nación puede convertirse en política exterior del Estado? ¿Y quién asume las consecuencias de esa transformación?
La política exterior no consiste solamente en proclamar amistades o identificar enemigos. Exige prudencia, responsabilidad institucional y una evaluación permanente de los intereses nacionales.
Porque la política exterior no se agota en elegir aliados; también exige administrar las consecuencias de las enemistades.
