POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
Imaginemos por un momento que Ilon Musk, decide comprar la provincia de Salta. Y lo hace porque la “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” se lo permitía. Cuando se vende un inmueble suele ponerse en el contrato “con todo lo plantado en el mismo”. Entre todo lo plantado estamos los salteños, nuestros pueblos, nosotros mismos y nuestro perro. Musk es ahora el dueño de todo y como tal podría hacer lo que quisiera…, incluso con nosotros porque la ley se lo permite.
El texto original sentenciaba: «El proyecto habilita a que cualquier persona que invoque un interés legítimo solicite un desalojo sin proceso judicial previo, equiparando a un inquilino con mora en el pago del alquiler con un usurpador». De modo que no estamos imaginando nada extraño.
Podría el comprador cambiar el nombre de los municipios, por ejemplo; y Tartagal podría pasar a llamarse “Mimessiland”, o Cafayate “Capibara City”. ¿algo se lo impediría? Si es el dueño. Podría disponer de la gente para los experimentos que dicen que realizaría en cámaras subterráneas. O repetir la historia de los Quilmes, desplazar a todo un pueblo para poder explotar el uranio o el oro, por ejemplo.
No es un delirio de este cronista ni me encuentro bajo los efectos de algún alucinógeno. Son las propias palabras del canciller, Pablo Quirno, cuando consultado sobre si un particular podía comprar un pueblo o una ciudad podía hacerlo: “Si, porque eso le genera progreso al país”.
Como todos los delirios que tienen los funcionarios libertarios, uno debe preguntarse ¿A cuál país le genera progreso si cuando se compra un pedazo de país deja de pertenecernos?
Encima, circula la sospecha de que funcionarios muy allegados al presidente -Benegas Lynch- operarían una empresa para facilitar la venta de tierras a extranjeros. La Constitución Nacional, define a los protagonistas de estos hechos como “infames traidores a la Patria”.
La felonía ha fracasado. La maniobra que desnuda la verdadera naturaleza de este gobierno nacional, tal es, enajenar los bienes soberanos ha caído.
Debo manifestar mi grata sorpresa, ante el voto negativo de la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, de quien pensé que acompañaría este despojo y así lo manifesté. Esa actitud ha sido refrendada por las palabras del gobernador, Gustavo Sáenz, que tienen una fuerza política enorme porque no es una defensa genérica del ambiente. Es una defensa explícita de una herramienta jurídica concreta: «No se vende, no se toca, se cuida y se protege; este era un capítulo que nadie salió a defender ni a decir cuáles eran los beneficios que tenía para la provincia».
La fuerza retórica de las palabras de Sáenz está en el contraste. Porque cuando un gobernante dice «no se vende, no se toca», no está haciendo una observación técnica. Está formulando un principio. Y los principios tienen la mala costumbre de regresar años después para pedir explicaciones.
Y Sáenz, ha sentado un principio del cual luego no podrá volver atrás porque la expresión supera al hecho político y se convierte en una sentencia ya que no admite demasiadas interpretaciones. No dijo ‘depende’. No dijo ‘habrá que analizar caso por caso’. No dijo ‘salvo excepciones’. Dijo: ‘No se vende, no se toca’.
Porque los acuerdos políticos son óperas circunstanciales dependientes de la coyuntura, pero las posiciones firmes, sobre todo a la hora de defender los intereses locales han de ser siempre determinaciones graníticas.
Las tierras pueden tener precio. La soberanía no. Cuando un pueblo comienza a confundir una cosa con la otra, ya no está celebrando un negocio: está firmando una renuncia. Y las provincias no son inmobiliarias. Son comunidades de destino. Y hay cosas que, simplemente, no están en venta
La provincia se defiende y la Patria no se vende. –
