POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
Tras un minucioso trabajo de investigación, el Concejo Deliberante de Cafayate, se expresó respecto de la investigación que venía realizando sobre el manejo de los dineros públicos de la administración de Rita Guevara.
Supimos en distintas oportunidades comentar que los números no parecían cuadrar, que habría diferencias millonarias entre lo expresado como salida y los comprobantes en la gestión municipal de Cafayate. Dijimos también de supuestas connivencias de funcionarios municipales que podrían estar comprometidos en facturaciones con el municipio. También anticipamos que el equipo contable parecía equilibrista del Circo Du Soleil, tratando de explicar lo inexplicable. Desde la primaria sabemos que 1 más 1 es igual a 2; los contadores municipales parecían a veces, Einstein, afirmando que las matemáticas y el tiempo son relativos.
La intendente, Guevara, consumida por una soberbia incomprensible, parece haber pensado que su asiento era la silla curul de los cónsules romanos y que ella misma era la emperatriz de la comarca y que todo debía hacerse según su absoluto capricho. En ese hacer, la Guevara, atentó contra las instituciones de la democracia municipal, principalmente contra el Concejo Deliberante, a cuyos integrantes les retuvo el sueldo durante meses y tampoco se los aumentó según establece la Carta Orgánica, que dispone que los concejales cobran en proporción al sueldo de la intendente. ¿Sería que la Guevara, no quería que se supiera a cuánto asciende su sueldo hoy?
De resultas de la investigación, el Concejo Deliberante, dio por iniciado “el procedimiento de Juicio Político contra la Sra. Intendente Municipal de Cafayate en ejercicio de sus funciones, Señora Rita Guevara, DNI…………… por incumplimiento reiterado de los deberes constitucionales, legales y éticos inherentes a su cargo, en particular por violación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, legalidad, división de poderes y autonomía institucional.”, según reza el Artículo 1 de la Resolución.
Se arriba a este punto luego que minuciosas investigaciones realizadas sobre la documental de las dos ediciones últimas de Serenata a Cafayate, arrojaran notorias irregularidades en el manejo de los fondos públicos, así como posibles violaciones a la ley de contrataciones, donde estarían comprometidos miembros del gabinete municipal, asesores (internos y externos) y hasta familiares.
El informe también denuncia que la intendente “ocultó información sobre los fondos recibidos desde el gobierno provincial» con destino a sufragar gastos de Serenata, “contradiciendo sus propias declaraciones y generando dudas sobre el destino de los recursos públicos”. Todavía no estaría claro si en la última edición el municipio recibió 100 millones o cuánto, si fueron adelanto o subsidio, como tampoco el destino de esos fondos.
La denuncia que involucra a la intendente Guevara, también la acusa de “contratación irregular de servicios y mercaderías a personas vinculadas al gabinete municipal”, lo cual es una violación flagrante de la Ley de Contrataciones de la Provincia.
Se deja constancia también de las reiteradas (siempre) ausencias tanto de la intendente como de sus funcionarios a “reuniones convocadas para analizar documentación clave, lo que obstaculizó la tarea de control del Concejo”.
De la lectura del informe presentado por la Comisión Investigadora, surge detallada una serie de delitos penales con referencia a sus respectivos artículos; razón por la cual, el Cuerpo legislativo decidió iniciar un juicio político contra la intendente, Rita Guevara, buscando su destitución por mal desempeño en la función pública.
Por último, el Concejo Deliberante, derivará tanto el informe como las pruebas obrantes a la Unidad de Delitos Económicos complejos y a la fiscalía que corresponde a fin de que determinen la responsabilidad penal o no de las acusaciones.
Se abre ahora, conexo a este procedimiento, una instancia netamente política donde el gobierno de la provincia deberá jugar su carta respecto de si continuará tolerando la comisión de estos procedimientos, o procederá en los términos que corresponden para salvaguardar el patrimonio público municipal. –