ERNESTOBISCEGLIA.COM.AR – POR ERNESTO BISCEGLIA. – Asistimos a un verdadero siniestro político en la provincia de Salta. La intervención del Partido Justicialista (PJ) de Salta, además de ser un acto que revela un autoritarismo propio de otros tiempos, constituye un hecho indecente que colisiona con los principios fundamentales de la ética política y la autonomía partidaria. Se trata de una decisión que, si bien puede estar revestida de legalidad, carece de toda legitimidad, tanto en su motivación como en sus consecuencias.
Desde una perspectiva filosófica del derecho, la intervención de un partido político solo podría justificarse en casos de gravedad institucional que pongan en peligro su funcionamiento democrático. Sin embargo, en este caso no existen razones que avalen tal acción. Siguiendo a Hans Kelsen, el fundamento del derecho no se encuentra solo en la legalidad formal, sino en la efectiva vigencia de sus principios democráticos. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau sostenía que la soberanía popular no puede ser usurpada ni delegada arbitrariamente, lo que nos lleva a concluir que una decisión tomada desde el poder central sin consulta a las bases peronistas es, en esencia, una traición a la autonomía partidaria y al principio de autodeterminación política.
La maniobra política que hoy enfrenta el PJ de Salta no sólo carece de justificación jurídica, sino que además atenta contra la gobernabilidad de la provincia. Detrás de esta intervención se esconde un grupo de actores que han atentado previamente contra la figura del gobernador Gustavo Sáenz y contra el orden público, recurriendo a estrategias cobardes de conspiración desde el anonimato mediante la difusión de videos difamatorios. Esto nos remite a la ‘razón de Estado’ maquiavélica, donde la instrumentalización del poder se antepone al bienestar común, distorsionando el sentido ético de la política.
Además, resulta alarmante que el interventor designado sea un individuo imputado por la justicia y sospechado de haber alterado la escena del crimen donde falleció el entonces fiscal Alberto Nisman.
En efecto, «La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo», sentenció César cuando decidió divorciarse de su esposa, Pompeya, acusada de estar involucrada en un escándalo con Publio Clodio Pulcro, aunque no se pudo probar su culpabilidad. Sin embargo, César consideró que el simple hecho de que su nombre se viera envuelto en una sospecha era suficiente para terminar el matrimonio. Aquí, un sospechado es nombrado «autoridad partidaria».
Su designación no sólo desacredita aún más la medida, sino que también refuerza la idea de que esta intervención no busca restaurar un orden democrático, sino imponer, por la fuerza, candidaturas que de otro modo no podrían obtener apoyo popular. Pierre Bourdieu hablaba de la «violencia simbólica» como una forma de dominación encubierta bajo formalidades legales; este caso es una muestra cabal de ello.
Ahora, este interventor, en contubernio con el Partido de la Victoria y una coalición de sellos de goma, intenta armar un frente opositor al gobernador Sáenz utilizando el nombre del Partido Justicialista. Esto constituye una verdadera afrenta al verdadero pueblo peronista.
Aquí radica un punto central desde la filosofía del derecho: lo que se pretende hacer puede ser legal, pero no es legítimo. Esta distinción, que encontramos en la teoría de Carl Schmitt, resalta cómo el derecho puede ser manipulado para fines políticos, incluso en contra de la voluntad popular.
Si algo ha caracterizado al peronismo a lo largo de su historia es su vocación democrática interna, donde las bases eligen a sus dirigentes con sustento popular. En este caso, se presentarán candidatos con legitimación formal, pero políticamente ilegítimos, toda vez que la verdadera militancia peronista estará ausente de dicha consulta.
El verdadero peronismo salteño se encuentra ante una encrucijada histórica. La militancia debe decidir si respalda a sus dirigentes legítimos y democráticamente elegidos, hoy desplazados por una maniobra espuria, o si se deja arrastrar por esta artimaña urdida desde Buenos Aires.
La única conducción legítima del PJ de Salta, es la que representa, Esteban «Tuty» Amat como presidente, Gastón Galíndez, como vicepresidente, y el resto del Consejo Directivo del PJ de Salta. Lo demás es una triquiñuela política.
La historia nos ha enseñado que las imposiciones foráneas y las intervenciones arbitrarias sólo conducen a crisis y rupturas. Dependerá de la militancia salteña impedir que este atropello prospere y asegurar que el peronismo de Salta continúe siendo un movimiento genuinamente representativo de su pueblo.
Para los verdaderos peronistas, es como nunca, llegada la hora de gritar ¡Viva Perón, carajo!