POR: EVARISTO DEL CARRIL ANCHORENA UNZUÉ – Jefe de Redacción – www.ernestobisceglia.com.ar
Como supe deciros ya, es imposible en Salta sustraerse al vértigo de los acontecimientos. Las personas -como mi caso-, preferiríamos dedicar nuestras horas a la contemplación de lo inefable, pero he aquí que eso inefable no sucede más allá del confín de nuestra vista, sino ¡ante nuestra propia vista!
Ahora, conviene aclararlo desde el inicio, para los lectores de pensamiento binario, alérgicos a la metáfora y de comprensión elemental; no pocos de ellos miembros de la Justicia; espíritus literales y fiscales de sobremesa, que no hablaré aquí de alucinógenos ni consumos, sino de ideas flojas. Porque como flojas hay lealtades, estas, al parecer provendrían de estar “flojitos de valores”. Así, pues, la juventud ha sabido acuñar un término que es menester reconocerlo, tiene precisión lingüistica, que ya quisiéramos para el derecho administrativo: es el “pensamiento falopa”.
Dicho en castellano antiguo: ocurrencias con ínfulas de política pública.
Lo que ha estimulado a mis glándulas del estupor cívico o de la sospecha, luego de medular análisis y superado el entusiasmo, es el reciente DNU, del gobierno provincial que ordena exámenes toxicológicos a funcionarios, acto de gobierno que merece algo más que aplausos reflejos o indignaciones automáticas. Merece pensamiento. Justamente lo que suele escasear cuando el poder decide gobernar desde la probeta.
Porque cuando un gobernador firma un Decreto de Necesidad y Urgencia, uno supone -todavía- que la situación es grave, excepcional, casi terminal. Inundaciones, colapso institucional, una amenaza concreta. Pero aquí la urgencia parece ser moral. Y la necesidad, performativa.
¿Hemos de pensar los contribuyentes que acaso la sospecha de “saques” ha inundado a la administración pública? ¿Hallámonos ante un colapso porque el grado de afectación es tal que nadie piensa por tener las neuronas herbidas? De otra manera, hubieran apoyado el proyecto del ex diputado, Juan Esteban Romero, nomás. Pienso…, luego existo.
El DNU, la probeta y el Sanbenito
La primera cuestión que este test nos propone al análisis, son las preguntas incómodas que sugiere. ¿Qué ocurre con la intimidad, el honor y el buen nombre, de los ciudadanos enrolados en el patriótico deber de la función pública? Porque -prima facie- acaso se estaría -remarco el potencial- inaugurando “contrario sensu”, a nuestro orden constitucional una práctica que autoriza a husmear en la biología de los agentes públicos. Si los “flacos” se dan a la alegría de los vuelos intercontinentales en el living de sus casas, es un escenario privado en tanto no aterricen en estado de alegría en sus despachos oficiales. El control preventivo, sin causa ni indicio, ¿No resulta en sospecha generalizada?
En una aldea tan retrasada como la vuestra, donde sois dados a poner el Sambenito al pobre Cristo antes de que sea pasado por la Inquisición, si un funcionario diera positivo y fuera “apartado preventivamente”, o peor aún ¡Un falso positivo! Tales individuos serían marcados como con una cruz de hierro candente en la frente. En estos pueblos, el prestigio social no admite matices técnicos ni aclaraciones médicas. El rótulo es inmediato, brutal y permanente. No importa si el resultado se explica por una medicación, un error de laboratorio o un falso positivo. La sociedad ya escribió el título: “Falopero”.
Y aquí aparece el fantasma del miedo.
¿Qué funcionario, aun honesto, va a someterse con tranquilidad a un procedimiento que puede destruir su nombre sin juicio previo? ¿Qué funcionario aceptaría un cargo público sabiendo que un test -falible, como todos- puede convertirse en una condena social sin apelación posible?
Os recomiendo a vosotros, devotos de los barbitúricos, una retirada decente, silente y en lo posible lejana de esta comarca.
El razonamiento implícito es tan simple como inquietante: si controlamos fluidos, garantizamos virtudes. Si analizamos orina, elevamos la ética pública. Luego, todo esto no es severidad: es pensamiento falopa en estado normativo.
Os diré, por fin; que el problema no es el control -nadie sensato defiende a funcionarios incapacitados…, creo-; sino que asesores hay que confunden salud con idoneidad, moral con método, gesto con política. El consumo, problemático o no, pertenece al ámbito de la salud y la intimidad. El desempeño deficiente pertenece al sumario administrativo. Mezclar ambas cosas sin causa concreta es, como mínimo, echar al zorro en el gallinero.
Somos apegados irrestrictamente a una legalidad en grado socrático; aún cuando injusta la ley debe ser observada por el contribuyente; pero pongámonos serios y denunciemos que gobernar no es teatralizar virtud, ni sospechar de todos es exhibir autoridad. Gobernar es construir reglas serias, respetuosas de derechos, eficaces y, sobre todo, con funcionarios probos y potables.
La historia más clásica nos ha enseñado que cuando el poder reemplaza el pensamiento por la ocurrencia, y la política por la escena, el problema ya no está en el cuerpo del funcionario. Está en la cabeza del gobierno.
Dicho sin vueltas, y para que se entienda incluso del otro lado del Bermejo: el pensamiento falopa no es el error; es la renuncia a pensar en serio.
Y de eso, lamentablemente, no hay examen toxicológico que nos salve.
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