Cuando el blindaje legal se convierte en boomerang político
POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
La mentira tiene patas cortas, dice el viejo dicho popular, pero en el caso de la gestión municipal de Cafayate, además viene renga y la verdad parece alcanzarla a toda velocidad.
En efecto, la escena política cafayateña acaba de presenciar un acto que roza lo tragicómico: la intendente Rita Guevara, con el patrocinio de su abogado y asesor legal municipal —sí, el mismo que debería defender los intereses del Estado y no los personales de su jefa política—, Mauricio Sergio Martina (MP N° 1248), intentó anular las Resoluciones N° 65/25 y N° 67/25, que crearon la Comisión Especial Investigadora de la Serenata a Cafayate. El resultado fue tan previsible como demoledor: rechazo rotundo, por improcedente y carente de sustento jurídico, plagado de confusiones que avergonzarían a un estudiante de primer año de Derecho.
El Concejo Deliberante no sólo ratificó la validez y legitimidad de la Comisión, sino que expuso públicamente el doble papel del Dr. Martina: asesor del municipio y, al mismo tiempo, abogado particular de Guevara en un caso donde el propio municipio es parte interesada. Una contradicción tan burda que, además de incompatible, roza la infracción ética y el ridículo institucional.
Hace poco, la intendente dijo que los honorarios del abogado asesor del Concejo Deliberante debían pagarlos los concejales. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿en este caso, los honorarios de Martina como defensor de Guevara los pagará de su bolsillo la intendente o también saldrán del erario público junto con los que cobra como asesor del municipio? Visto así, resulta bastante rentable estar de ambos lados del mostrador.
A este blindaje fallido se suman las declaraciones de los propios contadores del equipo de Guevara, quienes —ante la presión y la evidencia— dejaron entrever inconsistencias graves en las cuentas públicas, especialmente en lo referido a las dos últimas ediciones de Serenata a Cafayate. La opacidad y la improvisación se vuelven imposibles de ocultar.
La negativa a entregar la documentación solicitada y el patético intento de judicializar un acto legislativo son la prueba viva de un gobierno que confunde la administración pública con un feudo personal. Para colmo, el planteo de nulidad llegó con argumentos propios de un proceso penal, como si el Concejo se hubiera convertido en un tribunal de juicio. Sin duda, que el papelón es mayúsculo.
En lugar de afrontar las irregularidades y rendir cuentas, la intendente opta por el camino del berrinche institucional, creyendo que un golpe de escritorio borrará las evidencias. Error de cálculo: lo único que logró fue darle más aire a quienes ya ven en esta gestión un castillo de arena listo para desmoronarse con la primera ola.
Pero lo más patético y risible es el argumento del Dr. Martina cuando afirma que “no se puede constituir una comisión investigadora a posteriori de los hechos”. Un criterio jurídico inédito, porque equivaldría a exigir que la Justicia contrate brujos, adivinos, quiromantes y hasta al mismísimo Ratón Mickey —con su túnica, bonete estrellado y varita mágica de la película Fantasía— para anticiparse a posibles delitos.
O el Dr. Martina se recibió cursando por correspondencia con diploma marca “ACME”, o en la municipalidad recurren a prácticas oraculares propias de la antigua Roma, cazando y destripando aves para leerles las entrañas. No hay otra explicación lógica.
Se entiende que la desesperación ante las evidencias —que empiezan a derramarse como la leche en el fuego— lleve a cometer torpezas, pero esta situación es consecuencia directa de la sistemática negativa del Ejecutivo municipal a brindar las pruebas solicitadas. Y, como diría el refrán, tanto va el cántaro a la fuente…
El principio del fin dejó de ser una metáfora: es un expediente abierto y un reloj que corre. La administración Guevara no enfrenta ya una “campaña en su contra”, sino un proceso de desgaste acelerado, alimentado por irregularidades, cifras dudosas y un manejo administrativo tambaleante.
La fantasía de un gobierno prolijo y transparente se evapora como el cuento cordobés del PECAFA, dejando la imagen de una gestión cercada por la desconfianza y la ineptitud.
Quizás este sea sólo el comienzo de un proceso mayor: la caída apresurada de un gobierno que creyó que podía sostenerse con discursos y silencios, con persecuciones impositivas y amenazas coercitivas a los vecinos, pero que hoy choca con la implacable realidad de los números y la ley.
No han aprendido que cuando la mentira se topa con la ley, no hay relato que aguante. –
