POR: REDACCIÓN – www.ernestobisceglia.com.ar
Sobre el fin de semana pasado, el Concejo Deliberante de Cafayate, ha formalizado el inicio de las acciones tendientes a iniciar el juicio político y destitución de la intendente, Rita Guevara. Junto a ese pedido, se presentaron los resultados de la minuciosa investagión que realizó la Comisión Investigadora cuyos resultados son lapidarios.
Se arriba a esta instancia tras dos años de una constante “conducta evasiva” de parte de la Guevara que jamás respondió a los pedidos de informes del Concejo y promovió todo tipo de actitudes tendientes a obstaculizar las tareas de control. A las irregularidades que se iban demostrando, la intendente, mantuvo siempre una postura denigratoria hacia el Concejo Deliberante y hacia otras instituciones de la vida cívica municipal: cámaras, comerciantes, incluso vecinos que supieron siempre quejarse públicamente del maltrato que recibían en el municipio.
Hubo una sistemática tarea de ocultamiento de información que resultaba clave para la transparencia de las cuentas públicas. Así, las conclusiones de la investigación describen una cadena de contradicciones en las declaraciones públicas y documentales de la intendenta y sus funcionarios, que impidieron conocer el verdadero resultado económico de las dos últimas ediciones de Serenata a Cafayate, en las cuales se detectaron errores “insalvables” en las respectivas rendiciones de cuentas así como alteraciones en las cifras oficiales. Esas diferencias sumarían varias decenas de millones de pesos que no se pueden explicar.
En otras notas ya supimos adelantar sobre otras sospechas de posibles manejos dolosos de parte del Ejecutivo municipal, a las que ahora se agregarían sobreprecios en gastos de alojamiento, con facturación a nombre del hijo de una encargada de compras. Asimismo, la prestación de servicios de alojamiento por parte de una integrante de la comisión organizadora, en clara infracción a la ordenanza municipal vigente.
Otra -entre tantas- irregularidad se presenta con el caso de una empresa de seguridad SRL creada pocos meses antes del festival, cuyo socio gerente a su vez revestía el cargo de apoderado del municipio, siendo tan burda y elemental la maniobra que el domicilio legal de la dicha empresa sería el propio del funcionario municipal. También se hallaron facturas que exponen el armado de un circuito de provisión de materiales de limpieza a cargo de un familiar directo de la directora de Tesorería.
Estos apenas son unos botones de muestra, donde al decir del informe de la Comisión Investigadora, se “muestra un patrón sistemático de contratación entre funcionarios, familiares y allegados, incompatible con el deber público”.
El daño económico toca a las cuentas del gobierno de la provincia
Ni siquiera las cuentas del Estado provincial han quedado sin ser mancilladas por la gestión de la Guevara, sabiendo que un manejo poco claro del dinero que envía la provincia atenta contra la figura del propio Gobernador, Gustavo Sáenz. En efecto, entre los puntos más graves, se destacan “Declaraciones mendaces sobre los fondos recibidos desde el gobierno provincial, presentados como “ayuda financiera” lo que en realidad fue un adelanto de coparticipación de $100 millones. Sobre estos dineros y otros de origen similar tampoco hay explicación clara pues parte habría ido a parar a fondos de inversión o al menos a un destino incierto que todavía no tiene clara explicación.
En suma, y repitiendo que las 6.000 fojas que constituyen el expediente de la Comisión Investigadora, conducen a tener la semiplena prueba de que hubo comisión de posibles delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos: -Falsedad ideológica y documental (arts. 292, 293 y 296). -Malversación de caudales públicos (art. 260). Negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265). Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5), existiendo además “tres versiones distintas de una misma rendición de cuentas”, lo que configuraría “una práctica contable desprolija e incompatible con la transparencia exigida a los funcionarios”.
¿Quién quiere proteger desde el gobierno provincial estos delitos?
A pesar de la abrumadora cantidad de pruebas presentadas como se dijo “ut supra”, sin embargo, desde el seno del gobierno provincial algunos funcionarios aseguran que “no pasará nada”, mientras que otros, en lugar de felicitar el trabajo de la Comisión Investigadora, habrían mostrado su disgusto por exponer “los trapos sucios al sol”, y hasta expresaron “off the record” obviamente, su voluntad de interponer sus influencias “incluso ante el gobernador Sáenz”, para que los organismos de contralor y fiscales donde se girarán estas actuaciones “dejen las cosas como están”.
Estas expresiones, de confirmarse con los hechos, resultan de una gravedad institucional inusitada, toda vez que comprometen a la figura del Primer Mandatario y tienden un manto de sospecha sobre toda la admnistración pública y de justicia, enviando el mensaje a la sociedad de que aquí todo es posible, total, se tapa y listo.
Un salvavidas de plomo
Esos mismos funcionarios fueron advertidos en su momento de que no pegaran la figura de la intendente Guevara a los candidatos oficialistas dado el descrédito que tiene la figura de la misma. Es lo primero que hicieron grabando spots de campaña con los candidatos a senador y diputado nacional. El veredicto sobre estos accionares se verá el próximo domingo.
Pero más allá de los resultados electorales, sorprende que frente a flagrantes pruebas haya quienes de sus cargos intenten proteger la comisión de tales y posibles delitos.
De allí que nos preguntemos con razón: ¿”Será justicia”?
