POR LA DRA. CLARA INÉS FERREYRA* – www.ernestobisceglia.com.ar
No existen términos medios cuando se legisla contra la infancia. No debería haberlos. O se obra con criterio moral, social y humano, o se cae directamente en la inmoralidad. Y lo ocurrido con la votación de la baja de edad de imputabilidad es eso: una expresión clara, casi didáctica, de ausencia de conciencia ética por parte de quienes ocupan bancas legislativas.
Es sencillo levantar la mano desde un recinto calefaccionado, con sueldos blindados por el Estado y conciencia tercerizada. Es sencillo cuando se vota desde la comodidad del privilegio, sin haber pisado jamás el barro social del que luego se habla con liviandad estadística. Porque un legislador auténtico discute, argumenta, debate, pondera. Hay que ser justos y reconocer que existen algunos. Pero son los menos. La mayoría se comporta como una manada servil, obediente a un sistema que primero fabrica el desastre y luego pretende “resolverlo” con una ley punitiva.
No se trata aquí de “defender delincuentes”, como suelen repetir los voceros del simplismo y del odio. Se trata de denunciar algo insoportable para el poder: exhibir su cobardía estructural. El Estado se retira de la infancia y vuelve cuando ya es tarde… pero no vuelve con maestros, ni con médicos, ni con psicólogos, ni con programas integrales. Vuelve con patrulleros y Código Penal.
Así, la baja de imputabilidad no es justicia: es venganza institucional. Y la venganza, cuando se disfraza de política pública, se convierte en inmoralidad organizada. Por eso lo afirmo sin rodeos: todos los que han votado esto son inmorales. No por insulto, sino por definición.
Hay un punto sociológico esencial que cualquier estudiante de primer año debería comprender: el menor delincuente no es un “monstruo precoz”, ni un demonio infantil que aparece por generación espontánea. Es, en la mayoría de los casos, un producto social perfectamente fabricado. Un resultado lógico de la pobreza estructural, el abandono educativo, la desnutrición emocional, la violencia doméstica, el narcotráfico funcionando como Estado paralelo, la precarización del hogar y la retirada del Estado como garante de derechos.
Lo que se pretende castigar no es un delito: se pretende castigar el síntoma. Y cuando una sociedad castiga el síntoma, lo que hace es proteger la enfermedad.
Incluso la experiencia política del peronismo con sus defectos evidentes – y que merece críticas en muchos aspectos, como el adoctrinamiento- entendió algo elemental: que la infancia no se reprime, se forma. Que la juventud no se abandona para luego perseguirla. Ese modelo de Estado, con sus errores, mantuvo una estructura de contención: educación, salud, promoción social, protección de la niñez y la ancianidad. Hoy, en cambio, se intenta detener con una ley el alud que ellos mismos desencadenaron. Pretenden tapar con una votación el abismo que cavaron durante décadas.
Desde el punto de vista de la psicología social, estos legisladores no han votado una solución: han votado una reacción emocional colectiva. Han representado a una sociedad inerme, paralizada por el delito, y que necesita desesperadamente un chivo expiatorio. Porque es más fácil odiar a un adolescente roto que asumir la culpa adulta. Se penaliza al niño porque no se quiere juzgar al sistema. Se persigue al eslabón más débil porque no se tiene el coraje político de enfrentar al eslabón más poderoso.
La sociedad no tiene miedo de los niños: tiene miedo de mirarse al espejo.
En términos sociales, esta ley es la vieja lógica del tero: gritar aquí para ocultar los huevos allá. Imputan a los menores porque no se animan a imputar a los mayores. A los que corrompen desde el mismo Estado. A los coimeros profesionales. A los proxenetas encorbatados que medran cerca del poder. A los corruptos que se roban el país con firma y expediente. A los narcos que no podrían existir sin complicidades políticas, judiciales y policiales. A esos mismos legisladores que, sin trayectoria moral ni mérito cívico, ocupan bancas como si fueran sillones heredados.
Bajan la edad de imputabilidad, pero suben la hipocresía.
Ninguno de los que ha votado esto sería capaz de caminar sin custodia por los arrabales donde la gente se pudre en el cuerpo y en el alma, donde la infancia se vuelve adultez prematura y la adolescencia se vuelve cementerio social. Desde sus privilegios, hablan de “seguridad”, mientras desconocen la inseguridad más brutal: la de no tener escuela digna, ni comida, ni techo, ni futuro.
Se intenta ocultar con una ley la inmoralidad de la política. Porque la inmoralidad no está en el chico que roba. Está en el sistema que lo abandonó, lo dejó crecer sin red y luego lo quiere encarcelar para lavar su imagen. Está en los adultos que se lavan las manos y después se horrorizan por el resultado de su propia indiferencia.
Esta gente representa al Estado ausente en la infancia y presente en la condena. Y eso no es seguridad: es administración del descarte. Es una política de renuncia, una confesión de fracaso. Porque una sociedad que no educa a sus niños, que no fortalece sus escuelas, que no protege sus hogares y que no construye futuro, sólo puede construir cárceles.
(*) Dra. Clara Inés Ferreyra
Psicóloga (UBA), Doctora en Psicología y docente universitaria. Especialista en adolescencia, salud mental comunitaria y problemáticas sociales contemporáneas. En esta columna abordará el malestar psíquico desde una perspectiva social, ética y no reduccionista.
