POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
Desde la época de las Presidencias Históricas (Mitre, Sarmiento, Avellaneda), por más que a los “progres” le pese, aquella incipiente República Argentina supo generar un corpus legal que resultó antológico, particularmente en dos aspectos: educación e inmigración.
La palabra que definió a esa Generación del ‘80 fue PROGRESO, sí, así con mayúsculas. Aquella gente, con sus luces y sombras pensó un país con destino de potencia.
Casi medio siglo más tarde, la dirigencia política -generosamente dicho, claro-, optó, en lugar de pensar asumir la extraña vocación de simplificar cada vez que la realidad se vuelve insoportable. Ahora, cuando el delito crece y desborda, aparece la solución favorita de la clase dirigente: endurecer penas, bajar edades, acelerar condenas. Como si el crimen fuera una ecuación matemática y no una tragedia social.
Conviene preguntarse antes de aplaudir como foca ante el premio del pescadito si esta reforma penal resuelve la raíz del problema o si simplemente alimenta el marketing político del castigo. Porque en la Argentina, la política suele actuar como un prestidigitador: mueve una mano para que el público mire, mientras con la otra esconde lo que no quiere explicar.
La política del castigo: el negocio del miedo
El miedo vende. En campañas electorales, en discursos de gestión y hasta en debates televisivos. El miedo es un combustible eficiente: no requiere argumentos, sólo imágenes. Un robo filmado por una cámara de seguridad vale más que cien informes técnicos. Una víctima llorando en pantalla tiene más peso que cualquier análisis criminológico.
Frente a esas escenas, que excede largamente la capacidad de razonamiento de los legisladores aparece la “novedosa” idea de “bajar la imputabilidad”. Y el mensaje se vuelve brutalmente simple: si un menor comete un delito, hay que castigarlo como adulto. Se instala la idea de que la impunidad es el origen del problema, y no el síntoma de un Estado que llega tarde a todo: tarde a educar, tarde a contener, tarde a prevenir, tarde a proteger. Tarde a todo.
El país carece de políticas públicas porque el pensamiento político ha desaparecido; todas son pulsiones emocionales que sólo consiguen abonar el camino de la censura y la manipulación.
El delito juvenil como chivo expiatorio: el huevo o la gallina
Antes de condenar al menor que delinque deberían preguntarse ¿Por qué delinque? La respuesta será lacerante, porque paradójicamente, lo que el Estado ahora quiere penar ha sido causado por el mismo Estado: el abandono.
Pero esas preguntas no se hacen, porque no son cómodas. Obligan a mirar estructuras, responsabilidades estatales, redes de complicidad. Y eso es demasiado peligroso para un país que prefiere indignarse antes que reformarse.
El menor delincuente se convierte así en un símbolo perfecto: es débil, es pobre, es descartable. Es el culpable ideal para una sociedad cansada y para una política que necesita mostrar acción sin asumir costos reales.
La cárcel como fábrica de resentimiento
Los que legislan así, tan alegremente, jamás han visitado una cárcel, un “reformatorio”, verdaderos depósitos de seres humanos donde el delito se alimenta por el resentimiento que crece.
Porque si el Estado no puede garantizar hoy una escuela digna, una familia asistida, una política de prevención seria, ni siquiera un hospital funcionando sin colapsar… ¿qué hace pensar que podrá garantizar una cárcel que rehabilite?
La baja de imputabilidad, aplicada en un país con cárceles saturadas y sistemas judiciales lentos, no es una solución. Es un traslado de problema: del barrio a la penitenciaría.
Se castiga al adolescente con la misma lógica con la que se castiga a un perro rabioso: encerrándolo, esperando que el problema desaparezca. Con las ideas que propone el gobierno de Milei, no asombrará que alguno pretenda “dormirlos” también.
El Estado no sólo incumple el espíritu de la letra constitucional sino que se convierte en un mecanismo perverso.
Si van a hablar de reforma, primero hay que pensar en una reforma educativa, después una política de seguridad seria.
Bajar la imputabilidad sin reformar el sistema judicial, sin fortalecer políticas sociales, sin recuperar escuelas y sin desmontar redes criminales es como ponerle un candado a una puerta mientras la casa arde por dentro.
La pregunta, entonces, no es si un menor debe ir preso. La pregunta es qué clase de país produce menores dispuestos a matar, robar o destruir su vida por nada. La respuesta es amarga: un país donde la política se volvió espectáculo, la justicia se volvió trámite y la seguridad se volvió consigna.
Por este camino, corremos el riesgo de establecer aquello que se atribuye a Voltaire: ‘Cuando en un Estado no hay justicia, tener razón es peligroso’.”
© – Ernesto Bisceglia
Ernesto Bisceglia es periodista, escritor y docente. Autor de una extensa obra ensayística y narrativa sobre historia argentina, política, religión y cultura cívica, con más de treinta libros y ensayos con premios nacionales e internacionales. Columnista en diversos medios y conferencista, desarrolla una mirada crítica e histórica sobre el poder, la democracia y la identidad argentina. Dirige www.ernestobisceglia.com.
