POR: RODOLFO CEBALLOS – ESCRITOR Y PERIODISTA – www.ernestobisceglia.com.ar
Leemos y escuchamos, casi en todos los medios, que los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Misiones y Salta dieron el quórum para aprobar la cuestionada «modernización laboral». La crítica política de los referentes sindicales los acusó de «traidores» y «falsos compañeros». Subió la temperatura política en el federalismo de cuatro jurisdicciones.
El análisis político sugiere que la conducta de estos gobernadores responde, al menos, a dos motivaciones: 1) garantizar gobernabilidad al presidente Milei y 2) preservar la propia gobernabilidad provincial, esperando que la Nación retome el financiamiento a las jurisdicciones.
El resultado de las dos justificaciones significa habitualmente recibir presión económica y coerción financiera cuando se votan leyes cruciales para el gobierno nacional.
El contexto en el que se aprobó la reforma laboral indica que en Argentina se ejerce el poder político con las prácticas, a veces, del soft power (poder blando) y otras con las del hard power (poder duro).
El hard power se muestra cuando se debaten leyes nacionales estratégicas. El soft power solo es usado en actos federales simbólicos e intangibles.
El concepto de soft power, acuñado por Joseph Nye, se refiere a la capacidad de un Estado o institución de conseguir objetivos a través de medios no coercitivos: cultura, valores, diplomacia, educación, cooperación científica y tecnológica, entre otros.
Por su parte, el hard power es todo lo contrario: usa la presión económica, financiera, política, militar, etc. No es un poder persuasivo, es absolutamente coercitivo e imperativo.
Joseph Nye (1937–2025) fue un influyente politólogo estadounidense, profesor en la Universidad de Harvard y uno de los principales teóricos del soft power. Aunque su enfoque inicial se centró en las relaciones internacionales, sus ideas se han extendido al análisis de dinámicas de poder en contextos internos como el nuestro.
En el caso del federalismo argentino —precario y cambiante—, la idea de Nye resulta especialmente útil. Permite identificar cómo el gobierno nacional, aprovechando los perfiles políticos difusos de los gobernadores, que son más parecidos a CEOS de compañías de negocios que a estadistas en sus provincias, recurre al hard power para obtener decisiones clave. El quórum para la reforma laboral es un ejemplo concreto de esta lógica coercitiva.
La Cámara de Diputados desnudó brutalmente al hard power. Puso en crisis el federalismo de muchas provincias. Pudimos ver la tierra bajo la alfombra de los gobernadores.
El sometimiento al hard power mostró que a los mandatarios no les importa perder autonomías reales; que crezca la desigualdad territorial al reforzarse las asimetrías entre provincias ricas en recursos y aquellas más dependientes de la coparticipación.
Y también ocurrió el debilitamiento de las voces provinciales. Las decisiones quedaron alineadas con la presión central, reduciendo la capacidad de las provincias de ejercer el soft power propio (cultura, turismo, universidades y otras formas autónomas de desarrollo regional).
El hard power en Argentina no es nuevo. Existió en el siglo XIX, en el XX y en XXI. Basta recordar las batallas militares-políticas decisivas (Cepeda, Pavón) para detectar cómo el predominio de Buenos Aires pesó en el resto de las provincias.
La federalización de Buenos Aires (1880) resultó otro hard power. El gobierno nacional recurrió a la coerción militar para imponer la capital del país y consolidar la autoridad central. La provincia fue derrotada en su intento de resistir la federalización.
La centralización se logró más por presión militar y económica que por acuerdos simétricos entre provincias. Y ese fue uno de los pecados capitales que nos trajeron hasta aquí. Es por eso que vimos en el largo debate de la Reforma Laboral cómo algunas provincias votaron bajo presión más que por convicción.
Lo que los gobernadores “falsos compañeros” consiguieron fue la erosión de la confianza ciudadana. La percepción de que se rinden al hard power, en vez de enfrentarlo. Eso aumenta la desafección política y el descreimiento en la representación. Hasta se habla de fraude en el contrato electoral.
El país se acerca en cada votación de la legislación vital para Milei a una democracia iliberal; esto es que la coacción conduce todo a la fragilidad institucional. Se privilegia la obediencia sobre la negociación, debilitando los mecanismos democráticos de consenso. ¡Gravísimo para la credibilidad del sistema!, a pesar de haber recuperado hace 43 años la democracia para defender la voluntad popular y la representación política.