POR ERNESTO BISCEGLIA. – La mayor participación adolescente en el delito no es una cuestión penal sino una cuestión social, porque detrás de cada alumno-problema, existe un adulto-problema.
Días pasados, las noticias daban cuenta de un asesinato más cuyos ribetes más o menos transitan lo ya acostumbrado y donde nuevamente el protagonista del hecho es un menor. Sin embargo, aquella noticia mostró dos momentos sinceramente preocupantes y que mueven a pensar que estamos llegando al límite de lo que una sociedad civilizada puede tolerar. Muy triste espectáculo fue ver a decenas de personas corriendo detrás del fiscal para agredirlo, buscando descargar sobre la persona del funcionario toda la bronca social contenida y la impotencia frente a la impunidad. El segundo instante fue cuando mientras una cronista relataba a la cámara los hechos, una persona avanzó sobre el micrófono repitiendo ¡Hay que matarlos a todos!
La sensación de que la sociedad está desbordada se advierte en estas reacciones propias de un estado de emoción violenta, la racionalidad de los actos va dejando lugar a eso que paradójicamente el presidente de la Corte Suprema dice que no debe ser: “la ley de la selva”.
No está en manos de los ciudadanos el ejercicio de la justicia porque lo contrario sería sí el ejercicio de la fuerza sobre la ley y el caos se impondría como gobierno. Pero precisamente, cuando se mira hacia allí, hacia el gobierno como garante de la paz social es cuando se percibe que la tranquilidad y el orden no son una de sus preocupaciones principales. La rapidez en las respuestas se ejecuta para castigar a un funcionario que no se cuadra frente a la orden superior y en menos de veinticuatro horas está “fuera del sistema”, pero aquella situaciones que son dolorosas deben esperar el adecuado “tiempo político”, que evidentemente no es el mismo tiempo que el de los ciudadanos.
La solución más pronta y allí a la mano que se le ha ocurrido al sistema es bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, en el pensamiento de que obrará como disuasión frente al delito y francamente esto es más un placebo para las conciencias de los funcionarios que una medida de real sustancia social.
Sorprende escuchar a Eugenio Zaffaroni predicando esta medida, cuando es uno de los adalides del pensamiento judicial “ligth”, basta estudiar su Manual de Derecho Penal. Por esta línea de pensamiento, mientras las condiciones de desintegración social continúen como van, dentro de unos años se pedir bajar la imputabilidad a los doce y así hasta lo inverosímil.
El problema ha excedido la responsabilidad del gobernante y se ha convertido en un problema de toda la sociedad. Esto que pasa es propio de toda sociedad que ha transitado desde el desmedido autoritarismo hasta la más excesiva liviandad porque que treinta años en términos históricos para una sociedad es nada, y sumado a que lo argentinos no tenemos términos medios, he aquí los resultados.
La violencia y la mayor participación adolescente en el delito no es una cuestión penal sino una cuestión social, porque la experiencia del aula (y admitimos que un universo muy pequeño) nos enseña que detrás de cada alumno-problema, existe un adulto-problema. Los problemas de comportamiento en los adolescentes responden principalmente a carencias de índole afectiva, soledad y ausencia de autoridad paterna. A ello hay que sumar un sistema educativo totalmente desguazado, decadente y permisivo, la conclusión no puede ser otra que la actual.
En muy poco tiempo se ha pasado del Estado autoritario al Estado de Derecho, pero muy mal entendido donde todo es posible y nada puede ser observado, menos aún castigado sin caer en la categoría de represor. Lo mismo ha ocurrido en los hogares, donde se ha pasado del padre-autoridad al padre-amigo. Y la generación de los que rondan 40-50, padres de los niños y adolescentes problemas no pueden o no quieren ejercer su autoridad; y cuando lo hacen, lo mismo que los docentes, lo más probable es que resulten denunciados por haber violado algún derecho. El viejo principio de la Patria Potestad que podía enunciarse como la obediencia a los padres mientras permanezcan bajo su potestad, debiéndoles respeto siempre y hasta contribuyendo equitativamente a solventar las cargas de la familia mientras convivan con ella ha desaparecido. La generación esta de los ’60 que hoy son padres, es una bisagra entre dos momentos contrapuestos, de ser sometidos por sus los padres, han pasado a serlo de sus hijos.
Que la sociedad predemocrática adolecía de tantas falencias es indiscutible, especialmente criticable era ese pensamiento estructurado que por mantener esquemas sociales “aceptados” caía muchas veces en la hipocresía; es verdad, pero también lo es que era una sociedad más ordenada y cohesionada sobre una base de valores comunes fundada sobre una formación espiritual primero, luego académica y finalmente familiar. La Iglesia puede ser tachada de todos los sustantivos que se quiera, pero la formación religiosa era un freno al desenfreno, porque todos estos excesos provienen de la ausencia de contención moral. Que la jerarquía se haya equivocado en el modelo a utilizar para educar, predicar y hasta haya caído en contubernios políticos es un dato de la realidad histórica, pero que también lo han hecho los restantes estamentos de la sociedad, principalmente los políticos también es verdad y nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Le sumemos el pueblo que avaló con el voto la renovación de un desquicio que ahora la hace sangrar.
Bajar la edad de la imputabilidad no va a resolver el problema, es más probable que lo agrave porque un país decadente que no tiene una infraestructura ni judicial ni penitenciaria, con la policía agremiada y hasta comprometida en hechos delictivos, no puede ofrecer una garantía ni de proceso ni mucho menos de reeducación en un instituto correccional, que por otro lado no existen. Cuánto tiempo va a pasar hasta que se construyan unidades especiales para albergar menores, y mientras tanto…
Hay un modelo interesante de estudiar en España, que es aquel de la Sociedad Educadora, que es un concepto que involucra mucho más que buenas escuelas, mejores sueldos docentes y condiciones de trabajo excelentes. Una sociedad educadora se educa a sí misma, pero el punto de partida es una Ley de Educación que realmente garantice la asistencia y contención dentro del sistema, la cual resultará inútil si además no va acompañada de reformas estructurales profundas en el sistema político, léase, la voluntad política de reformular el rol de la Justicia y de proveer un sistema sanitario donde el hombre sea el fin de toda la acción. Hay que sumarle una toma de conciencia de parte del Estado y los ciudadanos de que las dificultades de conducta de niños y adolescentes son un problema de orden público. ¿Qué se hace cuando se ve adolescentes en horario escolar, con sus útiles en un ciber o bebiendo en un kiosko? Esto pasa todos los días y nadie reacciona, el dueño del local no los denuncia, la autoridad pública no va en busca de ellos para devolverlos a los establecimientos a cuyos directores les cabe la responsabilidad de tomar medidas cuando el alumno falta varios días sin justificación. En la primera línea debieran estar los padres, pero esto ya se sabe cómo es.
El modelo evolutivo conductista ha creado seres convencidos de que son todopoderosos e intocables. Baste un ejemplo real ocurrido hace unos días: una madre, de las pocas que se atreven a concurrir al establecimiento para preguntar por las notas de su hija de quince años, ruega (esa es la palabra) que no le digan a la princesa que fue a indagar sobre ella porque cuando llegue a su casa le va a pegar. Habría que pegarle primero a la madre…
Se trata entonces de educar y de prevenir. En la medida que el sistema pretenda retener alumnos demagógicamente no está cumpliendo ni con los deberes hacia la educación ni con la formación de individuo como ciudadano. Es terrible pensar que estas generaciones de semianalfabetos van a representar un día a los argentinos en los escaños parlamentarios, van a ser profesionales o empresarios cuando están privados de toda concepción ética de la vida.
Detrás de liberar al hombre lo han encadenado mucho más, porque al combatir la enseñanza de los valores espirituales en la escuela so pretexto de libertades de culto y derechos de elección, finalmente han logrado que esos millares de ciudadanos en formación no accedan a ninguno. Muy bueno sería que cada confesión pudiera impartir sus enseñanzas según el credo de cada quien, pero hoy no hay ni enseñanza de valores cristianos ni de ningún otro culto; luego, se están formando hombres y mujeres capaces de cualquier cosa porque no poseen escala de valores. Adjunto a ello la desintegración familiar, son éstos los resultados.
El endurecimiento del sistema no es la solución, predicar por los medios la muerte de los que matan mucho menos, linchar funcionarios o destruir patrulleros, dos cosas que pagan entre todos es sinónimo de que ha perdido el juicio y la prudencia. Es comprensible la reacción pero de ninguna manera justificable.
Habría que pensar en volver a rescatar algunas fuentes y revitalizarlas, partiendo de un cambio en las políticas que vuelvan a promocionar la familia, para esto es necesario recrear las condiciones económicas del sistema, es cierto. Colocar al padre y al maestro en el pedestal de autoridad y no de represor autoritario cuando corrige, mejorar la excelencia de la formación docente, buscar que los futuros policías tengan una formación más completa y no tan elemental como la tienen, hacer de la salud una preocupación primaria porque el individuo enfermo no aprende; en fin, el listado sería muy extenso y es conocido por todos.
Todo esto no va a venir de arriba hacia abajo, es al revés, la ciudadanía en vez de pedir muertes y tomar venganzas privadas, debe aprender a votar. Y el próximo mes de junio es una excelente oportunidad para demostrar que se quiere comenzar el cambio.