POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernstobisceglia.com.ar
La reciente designación del teniente general Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa de la Administración Milei, ha desatado el consabido cotorreo del kirchnerismo y de los resabios de la izquierda más reaccionaria. Las palabras de Estela de Carlotto “Es una provocación” tal vez resumen ese ambiente de ideologización fascista que todavía anida en quienes corrompieron la historia reciente y al país todo.
De hecho, el tema revive fantasmas, pero además plantea una encrucijada jurídico-política cargada de simbolismos nacionales. De todas maneras, es acertado destacar que esta nota no es una defensa del nombramiento sino un diagnóstico crítico.
I.- El marco normativo
La Ley de Defensa Nacional Nº 23.554 (1988) es la norma que estructura el “Sistema de Defensa Nacional”. Dicta la organización de las Instituciones: Presidente (Comandante en Jefe), Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto, las fuerzas, y demás componentes del sistema, según reza su Artículo 11.
Es decir, de la lectura de esta Ley no surge prohibición alguna para que un militar ocupe el cargo de ministro de Defensa como tampoco exige que el funcionario deba ser un civil. Desde el retorno de la democracia se ha instituido la noción de que la Defensa es una competencia civil a los fines de preservar la autonomía institucional de las Fuerzas Armadas y evitar su politización. Así, entonces, desde un punto de vista jurídico, la designación de Presti, no violaría la norma.
Podemos afirmar así, que la ley fue deliberadamente ambigua: no obligó a designar civiles, pero tampoco imaginó que un militar activo ocuparía el cargo.
Entonces, las voces que denuncian este nombramiento quedan sólo como un cacareo ideológico.
II. Lo institucional y lo simbólico:
El nombramiento de Prestí, sí, tiene efectos en lo simbólico porque rompe esa “tradición” argumentada desde 1983 al asumir el cargo un militar en actividad como ministro de Defensa. Si algo se habría violado es nada más que una práctica política.
Visto desde el lado de quienes argumentan que esta designación es “un error” o “un retroceso”, sostienen que “Un militar en actividad tiene autoridad sobre sus tropas, incluso jerárquica. Si ese mismo militar asume la conducción política de la Defensa, ¿no se fusionan dos roles distintos e incompatibles?”. se podría discutir que tradicionalmente que los jefes militares operan bajo el mando y autoridad del ministro de Defensa, ahora, siendo el ministro a la vez un jefe militar ese orden jerárquico se difumina.
Otro de los argumentos en contra sostiene que con Presti, se abre una vía hacia la militarización de la política y/o de las FFAA, justamente lo que la normativa y la tradición democrática buscan evitar.
Para algunos, no hay ventajas: “los mismos militares ya están al frente de las Fuerzas. Lo que debería decidir el político civil es cómo emplearlas, no que un militar decida también la política.” (Infobae)
En La Nación, el ex jefe del Ejército kirchnerista, César Milani, sostiene que “No habría problema técnico. A su juicio, si un militar está preparado, puede cumplir el rol de ministro de Defensa sin que eso signifique automáticamente una amenaza institucional.” Opinamos de todas maneras, que Milani, no tiene altura moral para opinar, pero esa es nuestra opinión.
III. Riesgos de militarización y politización
La crítica sostiene que se confunden los roles: “un militar al frente del Ministerio de Defensa puede transformar al Ministerio en una mera extensión del mando militar, borrando la distinción entre dirección estratégica (política) y mando operativo (militar). Si él —como ministro— decide la política, y al mismo tiempo conserva autoridad en la cadena de mando, su doble rol erosiona la lógica civil-militar democrática. Así, las FFAA serían vistas como un actor político alineado con el gobierno de turno. (Todo Noticias)
Esto socavaría la neutralidad institucional de las FFAA, abriendo la puerta al peligro de generar agendas partidarias dentro de las mismas. En esa línea, decisiones estratégicas de seguridad como compra de armas, despliegues, etc., podrían quedar sujetas al alineamiento político, antes que al interés nacional o institucional. Cabe decir que esta es una lectura ya “bajo el agua” y hasta cierto punto tendenciosa.
Los más exaltados desde una izquierda rabiosa, acusan de que si el ministro es un militar, se debilitan los mecanismos de control democrático, a la vez que fortalece al ámbito castrense. De esta forma se rompe con el concepto de que las FFAA son “apolíticas”.
Por último, el diario El País, señala que se abre la puerta a una militarización de la seguridad interior, lo que permitiría actuar a los militares en asuntos de convulsión social.
IV. Conclusión: el nombramiento es “a derecho” ¿pero no es un gesto peligroso?
En el estado de cosas en que está el país, la designación de Presti, es por lo menos audaz. Legalmente limpio, pero políticamente temerario. Sería un salto institucional sin red de contención.
Decimos así porque mientras la izquierda irredenta y alguna vez violenta se rasga las vestiduras advirtiendo los peligros para el pueblo; de la misma manera, habría que considerar si este atrevimiento institucional no podría ser peligroso para el mismo gobierno. Esto, atento a que pudiera surgir -que entendemos ya es irrealizable dentro de las FFAA-, que algunos se sintieran tentados por alguna “Fuerza del Cielo” a rodar en tanques hacia la Casa Rosada.
El país, no resistiría otra aventura golpista y el pueblo esta vez no lo permitiría…, salvo que algún descalabro económico-institucional lleve la sangre al río.
En tiempos de angustia económica, polarización feroz, crisis social y tentaciones autoritarias, ese gesto tiene la impronta de un test sobre los cimientos de la institucionalidad argentina: un “experimento” en que se mide cuánto aguanta la delgada capa civil sobre las FFAA.
No es el militar el problema, sino la arquitectura política que habilita el gesto… o sea.
Un vaticinio en una pregunta
¿Hasta dónde, esta “modernización” o esta “devolución de la dignidad castrense” podría provocar una reacción en cadena de orden parlamentaria, social y judicial?
La pregunta ya no es jurídica sino histórica: ¿hasta dónde puede tensarse la delgada capa civil sin que la historia argentina vuelva a despertarse sobresaltada?
Podrían algunos movilizarse en defensa de la conducción civil, pero otros, en un escenario que ni queremos imaginar, podrían abrir la puerta a una deriva peligrosamente parecida a la de los regímenes militares del pasado, pero revestida ahora de legalidad. Que sería peor ¿verdad?
