POR: ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
El Vaticano acaba de confirmar la excomunión automática (latae sententiae) para los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (los llamados «lefebvrianos»). La medida fue tomada directamente bajo la autoridad del Papa León XIV a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, comandado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. El motivo del quiebre definitivo fue la consagración de cuatro nuevos obispos el pasado 1 de julio en Écône (Suiza) sin el mandato pontificio, cayendo en lo que Roma califica formalmente como un «crimen de cisma». La sanción alcanzó tanto a los cuatro ordenados como a los dos consagrantes (entre ellos, el obispo hispano-argentino Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay).
La política argentina, tan afecta a la sobreactuación del misticismo, acaba de chocar de frente con la rigurosa realidad del derecho canónico con un impacto de lleno en el seno de un gobierno poblado de mesiánicos de todo tipo. Por una parte, los de las “Fuerzas del Cielo”, paradójicamente casi ateos por su beligerancia hacia lo que el Magisterio católico declarara en Puebla en 1979, la “opción preferencial por los pobres”, dentro de marco de su diatriba contra la Justicia Social.
Por otro lado se encuentra, el recalcitrante preconciliarismo de la vicepresidente, Victoria Villarruel -como es público y documentado- que profesa un catolicismo tradicionalista de corte preconciliar, participando de manera regular de la Santa Misa tridentina (en latín y de espaldas a los fieles) que se celebra en la capilla Nuestra Señora Mediadora de todas las Gracias, perteneciente a la Fraternidad San Pío X, ubicada en el barrio porteño de Monserrat. Es decir, la segunda autoridad en la línea de sucesión presidencial busca amparo espiritual en sacramentos que el propio Vaticano acaba de declarar inválidos.
Porque este reciente decreto del Vaticano no es un mero debate litúrgico sobre el uso del latín o la orientación del altar sino un trueno institucional. Roma ha sido clara: no hay espacio para la insubordinación doctrinaria.
El cisma de Suiza desnuda las grietas del misticismo de cabotaje. En la Argentina de las interpretaciones elásticas, resulta que la sumisión es obligatoria para los hombres del Estado, pero la desobediencia es un derecho reservado para los elegidos del altar. Una dualidad moral que demuestra que, cuando el relato se confronta con la doctrina, las banderas dogmáticas cambian de color. Para decirlo en criollo, el gallinero político y el eclesiástico se acaban de cruzar de una manera hermosamente expuesta.
Hay terremotos que derrumban campanarios y otros que dejan en evidencia contradicciones. El de Suiza no movió una piedra del Vaticano. Movió algo mucho más incómodo: la coherencia de quienes invocan la autoridad cuando les conviene y la desconocen cuando deja de ser funcional a sus propias certezas.
Después de todo, la política puede convivir con muchas contradicciones. La Iglesia, al menos en materia de derecho canónico, suele ser bastante menos indulgente.
