REDACCIÓN – www.ernestobisceglia.com.ar
Argentina amaneció el 1º de enero de 2026 con una novedad que debe encender todas las alarmas institucionales. Mientras el calendario inauguraba un nuevo año, el Gobierno nacional decidió hacerlo también con un Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma de manera profunda —y peligrosa— el sistema de inteligencia del Estado.
El DNU 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, no es un decreto más. No ordena partidas, no corrige desajustes administrativos ni responde a una urgencia coyuntural. Reconfigura el corazón mismo del poder estatal en materia de inteligencia, altera los equilibrios entre organismos, diluye controles democráticos y avanza sobre zonas históricamente vedadas por la Constitución y la experiencia traumática del país.
Peor aún: lo hace sin debate parlamentario, sin control ciudadano y bajo una lógica de secreto absoluto, impropia de una democracia que todavía carga con las heridas de su pasado autoritario.
Tras la lectura y análisis de las 19 páginas del decreto, estos son algunos de los puntos más graves que deberían preocupar —y movilizar— a la ciudadanía y al Congreso.
1. De inteligencia a policía secreta
El DNU transforma de hecho a los agentes de la SIDE en una fuerza parapolicial oficial, con capacidad de aprehender personas.
La inteligencia deja de ser una herramienta de análisis estratégico para convertirse en un brazo operativo oscuro, sin los controles ni las garantías que rigen para las fuerzas de seguridad formales.
La historia argentina ya conoce este camino. Y nunca terminó bien.
2. Todo es “encubierto”: el secreto como regla
El decreto establece que todas las actividades realizadas en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto.
La amplitud del término no sólo es impropia desde el punto de vista jurídico, sino peligrosamente ambigua: ¿qué tareas?, ¿con qué límites?, ¿frente a quién rinden cuentas?
Cuando el secreto deja de ser excepción y pasa a ser norma, la democracia entra en zona de riesgo.
3. Fuerzas Armadas y de seguridad al servicio de la SIDE
El DNU permite que la SIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para tareas de inteligencia, sin establecer cantidad de efectivos ni plazos temporales.
Esta indefinición habilita una intervención permanente y discrecional, erosionando el principio básico de separación entre defensa nacional, seguridad interior e inteligencia civil.
4. Concentración de poder y ruptura de equilibrios
Todo el control presupuestario del Sistema de Inteligencia Nacional pasa a manos de la SIDE, afectando la autonomía de otros organismos.
Un ejemplo elocuente: el director de inteligencia del Ejército dependerá más del jefe de la SIDE que del propio jefe del Ejército.
Es una recentralización inédita del poder, incompatible con un sistema republicano de controles cruzados.
5. Contrainteligencia sin límites claros
La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia.
Paradójicamente, las tareas de contrainteligencia quedan exceptuadas —entre otras cosas— de prohibiciones vinculadas a funciones represivas o facultades posesivas, un punto que ya genera alarma en ámbitos periodísticos y de derechos humanos.
6. Defensa sin inteligencia propia
El decreto elimina la Dirección de Inteligencia Militar (NIE) y la reemplaza por la GIEMCO, dependiente del Estado Mayor Conjunto.
Esto deja al ministro de Defensa sin inteligencia propia, trasladando poder al jefe militar y debilitando el control político civil sobre la defensa.
Cuando se habla de militarización, no se trata de una consigna: se trata de estos movimientos concretos.
Un Estado más oscuro, no más eficiente
En su conjunto, el DNU 941/2025 fortalece la idea de un Estado represivo, opaco y con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía.
No hay urgencia que justifique este nivel de transformación institucional por decreto. No hay democracia que tolere la construcción de una inteligencia sin control.
El Congreso de la Nación debe rechazar este DNU.
Las modificaciones a la Ley de Inteligencia deben debatirse, discutirse y sancionarse mediante una ley, a la luz del día y con participación democrática.
Porque cuando el poder se organiza en las sombras, la República empieza a desaparecer.
Este decreto no es un error técnico ni una torpeza administrativa. Es una decisión política consciente, tomada a espaldas del Congreso y de la ciudadanía, que altera las reglas básicas de la democracia argentina.
Cuando la inteligencia puede detener personas, cuando todo es “encubierto”, cuando las Fuerzas Armadas quedan disponibles sin límites ni plazos, cuando el control presupuestario se concentra y el poder civil se debilita, no estamos ante una reforma: estamos ante un cambio de régimen en las sombras.
La Argentina ya transitó este camino. Siempre comenzó con decretos, siempre se justificó en la urgencia, siempre se escondió detrás del secreto. Y siempre terminó con derechos arrasados, persecución política y miedo.
No hay crecimiento económico, batalla cultural ni eficiencia estatal que justifique la demolición de los controles republicanos. No hay democracia posible con una inteligencia sin ley, sin límites y sin Parlamento.
Por eso, el Congreso debe rechazar este DNU de manera inmediata. Y la sociedad debe comprender la gravedad del momento: cuando el Estado se reserva el derecho de vigilar, detener y actuar en la oscuridad, los ciudadanos dejan de ser sujetos de derecho y pasan a ser objetos de sospecha.