POR ERNESTO BISCEGLIA – www.ernestobisceglia.com.ar
La democracia no es un concepto sencillo de asimilar, sino más bien es complejo, porque entraña una calidad institucional que supera a la mera forma de gobierno y se cataliza con una escala de valores que la sustenta. En efecto, una democracia, sin respeto por la vida, la libertad, la propiedad, la educación, la salud y la seguridad, es solamente una forma organizada de proporcionar un conchabo que permite el enriquecimiento de muchos que en el ámbito privado o de la producción de ideas y servicios, serían unos inútiles.
El Artículo 16 de nuestra Constitución Argentina, reza que: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.» Además de los elementos esencialmente democráticos que señala el artículo, hay que destacar enfáticamente, que la única condición que exige el texto constitucional para ingresar a los empleos -dentro de los cuales se hallan principalmente los cargos públicos-, es la IDONEIDAD.
Vale decir, que en términos generales, IDONEIDAD, se define como la aptitud o capacidad adecuada para desempeñar una función, cargo o tarea con EFICACIA y RESPONSABILIDAD. En otras palabras, ser idóneo para ejercer un cargo público exige tener no sólo conocimientos técnicos, sino también actitudes, habilidades y experiencia. Este concepto de IDONEIDAD, se potencia en el caso de los cargos públicos donde hay que sumar una CONDUCTA ÉTICA, acorde a la responsabilidad que se asume.
Vemos, lamentablemente, casos de funcionarios en los cuales uno llegar a dudar de si han terminado siquiera sus estudios primarios, porque el ejercicio de un cargo público exige preparación y capacidad, que debieran primar sobre el favoritismo político; pero claro, esto último sería en un estado de excelencia utópico. La aceptación de un cargo sin la preparación suficiente es el inicio de la corrupción.
No compartimos, obviamente, la discriminación fascista que significaba el tipo contravencional de “vago y malentretenido”, porque contenía una carga subjetiva que otorgaba un poder desmesurado a las autoridades para controlar a la sociedad, pero de ahí a promoverlos a cargos públicos, incluso de gabinete, hay un tramo donde la lógica no funciona.
Vemos así, como dice cierto escrito popular, que le pedimos más antecedentes a una mujer del personal doméstico que a muchos “funcionarios”, expertos en no hacer y talentosos en simular gestión. Sus currículums son verdaderas obras de ficción: plagados de omisiones, exageraciones y cargos inventados. No hicieron, no supieron, no quisieron. Parafraseamos al General José de San Martín y vale decir entonces: “Serás lo que debas ser, o serás funcionario público”.
La Argentina del kirchnerismo ha sido pródiga en esto de promover la inclusión y denostar el mérito, el estudio y el trabajo. En este país, las conductas honorables conducen a la incertidumbre y vamos camino a que resulten peligrosas, incluso. Pero si uno es un inútil, pero amigo o pariente de alguien con sello y cargo, lo espera seguramente una dirección general, una banca parlamentaria o un cargo ministerial. Entre nosotros, el “gobierno” de Juan Manuel Urtubey fue un auténtico laboratorio de movilidad social invertida llenando los espacios públicos de indolentes, ociosos malentretenidos, queridas y queridos, que aún se mantienen en los puestos. Incluso han ascendido.
El problema de nombrar a “vagos y malentretenidos”, es que carecen de empatía social. sabedores de que será la única oportunidad de hacerse de dinero y patrimonio, empeñan su ingenio que parece desarrollarse en el cargo público, para asegurarse su bienestar y futuro. Algunos habría que aseguraron hasta sus próximas décimas generaciones, para decirlo así.
Se rompe de esa manera la ecuación necesaria entre poder-pueblo-progreso, porque cuando un grupo de insolventes se convierte en aristocracia plutocrática, a esos costos alguien tiene que pagarlos. Y es el Pueblo quien termina pagando ese enriquecimiento moralmente ilícito.
Así se degrada a la democracia porque el Pueblo advierte que lo están timando y entonces ocurre el fenómeno creciente que estamos observando de la retracción de la participación ciudadana en las urnas. Desde hace dos elecciones atrás, los ganadores no superan el 30% de los sufragios favorables y se hace una lectura de triunfo, pero no se tiene en cuenta de que a un 70%, entonces, no les interesan o no los quieren. Luego, los gobiernos, si bien legales, son cada vez más ilegítimos, y eso nos acerca a una línea de coordinación final -se diría en términos castrenses-, donde la violencia social está a un tiro de piedra.
Lamentablemente, elegir entre “vagos y malentretenidos” para los cargos públicos o ciudadanos íntegros y capaces es una decisión política. El problema es que en el estado actual de cosas, a cualquier ciudadano decente y capaz que le ofrecieran un cargo, lo más probable es que no aceptaría.
En suma, hipotecamos el porvenir y rifamos el país en cuotas, con cargos públicos como premio consuelo para los fracasados de siempre. –