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Tiempos turbulentos: «Los inmorales nos han igualao»

Sin política una sociedad no se organiza ni funcionan las instituciones de la democracia, esto ocurre cuando hay buena política. Pero cuando la política se degrada ingresa la inmoralidad que implica acciones o decisiones que violan los principios éticos alterando el principio de la responsabilidad social que tiene el dirigente o el gobernante: Nunca se roba algo, siempre se le roba a alguien.

SALTA – POR ERNESTO BISCEGLIA.- El gran Cicerón afirmaba que: «Los griegos ya lo han pensado todo, lo único que debemos hacer es poner en práctica sus ideas». Para los griegos lo más importante, lo más sagrado era la «Polis», la Ciudad. Los límites de la Ciudad eran sagrados. Rómulo mata a Remo cuando fundada Roma en 721 a de C., este último traspasa los límites indebidamente. Luego, el político en Grecia era el ciudadano «Que se ocupaba de las cosas de la Ciudad», muy distinto de lo que hoy entendemos por «político».

Ocuparse de las cosas de la Ciudad imponía un alto sentido de la ética y la moral, se relacionaba con el honor de haber sido elegido. Elpidio González, vicepresidente de Yrigoyen vociferaba: «¡Cómo voy a cobrar un sueldo si mis conciudadanos me han honrado para ocupar este cargo!». Tan eminente era el ser político que Isócrates -discìpulo de Sòcrates- aconsejaba: «Cuando sea elegido para ejercer un cargo pùblico, procure salir màs pobre de lo que ha entrado en èl». Un inocente este Isòcrates…

Desde aquellas cumbres de la moralidad y la ética política, hoy los argentinos asistimos al triste espectáculo de la política reducida a una herramienta para el enriquecimiento personal y la justificación de las peores iniquidades bajo el pretexto insulso de «Hay que mantener la gobernabilidad», léase, «apoyemos al corrupto porque sino se cae el sistema», cuando en realidad lo que se cae es la gallina de los huevos de oro que es la caja pública.

Lo contrario a buena política es la corrupción que conlleva el abuso de poder para beneficio personal mediante mentiras y engaños. Nadie parece reparar en que la falta de transparencia y honestidad en la política es una violación de derechos humanos porque para unos pocos estén bien y muy bien, hay millones que son marginados y echados a la pobreza.

El sistema político llevó a su pináculo este concepto mediante el uso del clientelismo y nepotismo y el favoritismo y la promoción de intereses personales o familiares en la toma de decisiones políticas tal como se ve en el caso de la familia acusada del femicidio en el Chaco. En realidad, esta situación ocurre en todos lados y a todo nivel.

La corrupción necesita de impunidad y el problema es que tanta impunidad termina generando una cultura política corrosiva, naturalizando el cohecho e instalando en el imaginario colectivo que «todo funcionario» roba, aunque sea el más prístino de los hombres o mujeres.

Para naturalizar la corrupción es necesario alterar el sistema electoral para mantener el poder y esto lleva a una desconfianza en los ciudadanos que mina la credibilidad de los lideres y de las instituciones. Prueba de esto son los altos niveles de abstención y votos en blanco.

En una república, el concepto de igualdad es fundamental y se basa en la idea de que todos los ciudadanos deben ser tratados de manera justa y equitativa, sin importar su origen étnico, género, religión, orientación sexual o cualquier otra característica personal. La igualdad en una república implica que todos los individuos tienen los mismos derechos y oportunidades, así como la misma protección ante la ley.

En este contexto, la igualdad se refiere a la igualdad de derechos y deberes ciudadanos. Todos los ciudadanos deben tener acceso a los mismos derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho al voto y el acceso a una educación de calidad. Además, también implica la igualdad de oportunidades en términos de empleo, educación, acceso a la atención médica y otros servicios públicos.

La igualdad en una república también se relaciona con la idea de la justicia social. Esto implica que el Estado debe asegurarse de que existan políticas y medidas que promuevan la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que están en desventaja o marginados. Esto puede incluir la implementación de programas de acción afirmativa, políticas de redistribución de la riqueza y la promoción de la inclusión social.

Es importante destacar que la igualdad en una república no significa que todos los ciudadanos sean iguales en términos de capacidades, talentos o logros individuales. Reconoce y valora la diversidad y el mérito individual, pero busca garantizar que las oportunidades y el trato sean equitativos para todos, sin importar sus diferencias. El objetivo es construir una sociedad en la que cada individuo tenga la libertad y las herramientas para alcanzar su máximo potencial, contribuyendo así al bienestar colectivo.

En resumen, en una república, el concepto de igualdad implica tratar a todos los ciudadanos de manera justa y equitativa, asegurando que tengan los mismos derechos y oportunidades, así como garantizando la justicia social para aquellos en desventaja. La igualdad es un valor fundamental en la construcción de una sociedad democrática y justa.

La igualdad no es igual para todos

Otro principio que sentaron los griegos fue aquel de «Isonomía», es decir de igualdad ante la ley, es un concepto fundamental en el ámbito jurídico y político que busca garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley, sin discriminación ni privilegios injustificados.

En el relato político se enseñó que todos los ciudadanos sin importar su origen étnico, género, religión, orientación sexual, posición social o cualquier otra característica personal, deben ser tratadas de manera igualitaria y justa por parte de las autoridades y el sistema judicial. Claro, en esta declaración de principios no se han incluido a los corruptos ni menos todavía a los funcionarios corruptos.

Ocurre sin embargo la paradoja de que la Justicia lejos de castigarlos los ha puesto en el mismo plano de igualdad que los ciudadanos de bien. Peor aún, los funcionarios corruptos en ocasiones inciden sobre el nombramiento de los propios jueces que garantizan la impunidad que necesita el funcionario venal. Luego, «los inmorales nos han igualao», diría Discépolo en «Cambalache«.

Se quedó corto Discépolo porque no sólo «nos han igualao» sino que encima «nos han superao».

La corrupción imperante no sólo atenta contra los derechos humanos como decimos «ut supra» sino que además viola a la propia Constitución Nacional que en su Artículo 16, reza: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

El párrafo que señala que «Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad», ha sido derogado de facto por los mismos que juran «defender y sostener los principios de la Constitución Nacional», y esto por dos razones: Porque los cargos públicos, incluso los más importantes rara vez -muy rara vez- están ocupados por los más idóneos, y luego, porque un corrupto nunca puede ser igual a un ciudadano honesto y probo.

De allí entonces que debamos admitir que «Los inmorales nos han igualao». Y lamentablemente, repetimos, «nos han superao». De allí que veamos a diario los tristes ejemplos de un país que languidece porque al final «ves llorar la Biblia junto a un calefòn».-

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